México, D. F. 10 de septiembre de 2011

Estimado (a): Diputado (a), Senador (a)

Los Ministros de Educación de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron, en noviembre de 2007, “El Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primea Infancia”, en éste, reafirmaron que la Primera Infancia es una fase decisiva del ciclo de vida del ser humano; y su educación fundamental en el proceso del desarrollo integral del niño y la niña, desde el nacimiento hasta los 8 años. Ratificaron que una buena atención integral debe incluir el esfuerzo conjunto de la familia, escuela y comunidad para enfrentar los retos de la pobreza, inequidad y exclusión social. 

Por lo anterior, con el fin de asegurar el cumplimiento de los derechos del niño y de la madre y de velar porque se logre la atención integral de los niños en edad temprana, le invitamos cordialmente, a participar en el evento de Constitución  de la Red Nacionalde Legisladores y ex Legisladores comprometidos con la Primera Infancia en México. Se realizará el 22 y 23 de septiembre del 2011, en el Hotel Sevilla Palace, de la Ciudad de México, D.F, ubicado en Av. Reforma No. 105.

Este evento se realiza en el marco de la Primera Reunión Internacional de Legisladores por la Primera Infancia, que se celebrará en la Ciudad de Puebla, México, los días 24 y 25 de Octubre del año 2011, convocados por el Gobierno del Estado de Puebla, la Oficina de Educación y Cultura de la Organización de los Estados Americanos (OEC/OEA) y diversos representantes de los órganos legislativos federales y estatales del gobierno de México cuyoobjetivo es formar la Red Hemisféricade parlamentarios y ex parlamentarios por la primera infancia, la misma que aspiramos que tenga sede permanente en México.

Consideramos de trascendental importancia su participación dado su compromiso con el tema educativo, su trayectoria política y su brillante actuación en la comisión Legislativa de la que forma parte. Le informamos que los gastos de estadía, hospedaje y alimentación serán cubiertos por los organizadores, desde el día 21 de septiembre del 2011. Agradecemos comunique su respuesta de aceptación, antes del 9 de septiembre del 2011 a cualquiera de los siguientes personas:  Dra. Gaby Fujimoto, Especialista de Educación de la OEA: gfujimoto@oas.org; Dip. Enrique Ku Herrera: cel. 5554325717, 9818290926, enrique_kuherrera@hotmail.com; Sen. Alberto Anaya Gutiérrez: tel. (55) 57284200, 57284110, 5555252727, albertoanayapt@yahoo.com.mx.

Acompaño a la presente la agenda de la Reunión, el Boletín y otros documentos del evento le serán enviados oportunamente por vía electrónica.

Atentamente

 La Comisión Organizadora

México DF a 10 de Septiembre de 2011

Estimado Legislador:

Se extiende invitación a los diputados de Nueva Alianza en los distintos congresos para participar en el evento denominado Constitución de la Red Nacional de Legisladores y ex Legisladores comprometidos con la Primera Infancia en México, promovida por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este evento se realizará el22 y 23 de septiembre del presente año, en el Sevilla Palace, de la Ciudad de México.

Los gastos de la estadía que incluye hospedaje y alimentación serán cubiertos por los organizadores desde el 21 de septiembre. El plazo para inscribirse será hasta el 15 de septiembre a través de los siguientes correos electrónicos del comité organizador.

Dip. Enrique Ku Herreras                     enrique_kuherreras@hotmail.com

Dra. Gaby Fujimoto Gómez                   gfujimoto@oas.org

Sen. Alberto Anaya Gutiérrez               albertoanayapt@yahoo.com.mx

Solicito que nos indiquen en la oficina de la presidencia de la Junta Ejecutiva Nacional los nombres de quienes decidan participar, con ell fin de llevar un registro.

Cordialmente

Luis Castro Obregón

PRESIDENTE

Instituto Federal de Acceso a la Información

Partido Nueva Alianza

VIII Semana Nacional de la Transparencia

Estado fuerte, estado transparente

Transparencia y rendición de cuentas

en la agenda política 2012-2018

Intervención de Luis Castro Obregón,

Presidente Nacional de Nueva Alianza,

Ciudad de México, Palacio de Minería,

9 de septiembre, 2011

Como plataforma de nuevos liderazgos y promotor de una cultura política renovada que busca el empoderamiento del ciudadano, en Nueva Alianza prevalece —entre militantes y dirigencia— la convicción de que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas no son opciones a elegir, tampoco son adornos, sino que se trata de condiciones ineludibles e irrenunciables de todo el quehacer político; se trata de las coordenadas en las que se debe inscribir todo ejercicio de representación política en un régimen democrático

          Como es conocido, Nueva Alianza es una organización política joven, pero madura. En apenas seis años hemos consolidado la estructura y afianzado nuestra posición dentro del espectro político nacional, dominado como se sabe por el tripartidismo. Somos una opción política para cientos de miles de ciudadanos.

          Está en nuestro interés, es parte de nuestra convicción y compromiso contribuir al debate para el perfeccionamiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en México y al seno del partido.

En esa virtud, celebramos la realización de esta VIII Semana Nacional de la Transparencia, y en particular el entusiasmo de la comisionada presidenta, la doctora Jacqueline Peschard.  

No dudamos en ningún momento en aceptar la invitación, porque es una oportunidad para expresar nuestra posición y se participa en un esfuerzo institucional para impulsar el derecho a la información y difundir la cultura de la rendición de cuentas.

Quienes compartimos este compromiso, podemos hacer que nuestras agendas coincidan.

          Al convocarnos, se nos plantearon tres cuestiones puntuales: de orden interno, de diagnóstico institucional y de propuestas, compromisos y consensos para los próximos seis años.

          Pretendo responderlas al compartir con ustedes los trazos generales del proyecto que inspira a Nueva Alianza, exponiendo nuestra visión sobre la transparencia y la rendición de cuentas, y delineando propuestas y compromisos.

Nueva alianza y la transparencia

Como muchos de ustedes lo saben, nuestra organización nació, por un lado, de un diagnóstico crítico al sistema de partidos en México, caracterizado por la hegemonía de tres fuerzas políticas, por la erosión en la representación político-partidista, por el escaso margen dentro del espectro para la expresión de otras opciones políticas…; por otro lado, derivó de la convicción de que existen posibilidades de construir un partido diferente, con ideas jóvenes y con respuestas para quienes se sienten decepcionados de la vida política tradicional.

Si bien Nueva Alianza encuentra inspiración en la muy poco apreciada tradición liberal, pero tan rica en contenidos e historia, como lo muestra la nómina de personajes que se inscriben en esta tradición: Benito Juárez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo… también Nueva Alianza es el primer partido político en México que surge con las reglas democráticas vigentes post transición, impulsado por un grupo reformador que vio como le cerraban los espacios las fuerzas políticas que privilegiaban intereses propios respecto del interés colectivo.

          El buen juez por su casa empieza. En Nueva Alianza, la Convención Nacional del 30 de junio de 2011 aprobó una reforma estatutaria que hoy está sometida a la consideración del Instituto Federal Electoral y en la que, entre otros aspectos, se perfeccionan los órganos de defensa de los derechos de los afiliados, en un diseño moderno y avenido a las reglas democráticas, que ya suponen principios de equilibrio y contrapeso al interior del partido, lo cual nos acerca al tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Quien se asome a nuestros Estatutos (los vigentes y los nuevos), podrá confirmar que en Nueva Alianza se garantiza un reparto racional y democrático —por representativo y plural— de los cargos y responsabilidades, de los recursos y las decisiones. Un diseño que, sin privilegiar la horizontalidad ni el asambleísmo, estimula la deliberación, los mecanismos colegiados y los contrapesos en el proceso de toma de decisiones.

Cuenta, además con disposiciones diseñadas ex profeso para los servidores públicos que lleguen a serlo a través del partido, al establecer como norma que “todo funcionario de elección popular postulado por Nueva Alianza tiene la obligación de ejercer el encargo que la ciudadanía le confiera con apego a la ley, honradez, eficacia y espíritu de servicio a la sociedad. Tratándose de cargos de responsabilidad ejecutiva, el partido no podrá interferir de manera alguna con las decisiones y actos de los funcionarios públicos. Los legisladores, síndicos y regidores deberán desempeñar su encargo con apego a los principios y programa de Nueva Alianza.”

Igualmente, Nueva Alianza dispone de un diseño que garantiza el derecho de disentir de los afiliados: “Por causa justificada y previamente manifestada al interior de su respectivo grupo o ante los órganos dirigentes, los legisladores e integrantes de los ayuntamientos, afiliados o simpatizantes de Nueva Alianza, podrán discrepar del sentido de opinión y voto que resuelva la mayoría, pero la manifestación pública de su opinión la harán con respeto y tolerancia a la opinión mayoritaria o a la decisión de los órganos dirigentes.”

En la práctica, Nueva Alianza cumple con todas y cada una de las obligaciones que dispone la Ley vigente en materia de transparencia, para los partidos políticos, de tal forma que gran parte de la información del partido es pública y accesible a cualquier interesado como lo puede constatar quien visite nuestra página web[1]y en particular nuestro sitio de transparencia accesible desde el menú principal.

Como un partido en permanente revisión, en un balance preliminar, podemos afirmar que a la fecha, somos los primeros en el espectro político en dar respuesta a las demandas de información, tal y como ocurrió, por citar un tema controvertido y reciente, ante la solicitud de los padrones de militantes de los partidos políticos por parte de una ciudadana el pasado junio. Fuimos los primeros en entregarlo y aún no todos deciden o pueden hacerlo.

En el mismo sentido, en materia de fiscalización de los recursos ejercidos, la relación multas/financiamiento en Nueva Alianza muestra un saldo favorable y el mejor entre los partidos registrados.

 Contamos con bases sólidas e instrumentos confiables de control de los actos, de la distribución de responsabilidades, de la equidad de la participación de sus miembros, del manejo transparente de los recursos públicos que recibimos.

Transparencia y rendición de cuentas

En Nueva Alianza participamos de la convicción, cada vez más extendida pero aún no consolidada, de que no hay democracia a la sombra. La democracia es el régimen de lo público, el imperativo de hacer público lo que de suyo lo es: gobernar, representar, ejercer funciones públicas. No es un “valor agregado” ni un accesorio moderno sino una condición constitutiva de todo régimen que se pretenda democrático.

          Sin esa condición, no hay democracia: “Es un derecho de los reyes guardar sus secretos…” se dice en el Libro de la Corona, según recuerda Elías Canetti, quien además apunta que “buena parte del prestigio del que gozan las dictaduras se debe a que se les concede la fuerza concentrada del secreto, que en las democracia se reparte y se diluye entre muchos. Con sarcasmo se destaca que en éstas todo se va en palabrerío, que cada cual parlotea, que cada cual se inmiscuye en todo, que no pasa nada, puesto que todo se conoce de antemano.”[2]

          Privilegio no sólo de imperios y dictaduras, incluso en las democracias contemporáneas el ocultamiento y la secrecía de información pública sigue siendo para algunas una tentativa permanente. Por aludir una referencia canónica, hace años que Norberto Bobbio denunció el “poder invisible” como una más de las promesas incumplidas de la democracia. El politólogo italiano se refería a la persistencia de ese poder invisible —por decir que no estaba sometido a escrutinio ni control público— conformado por poderes fácticos.

          La sobrevivencia de este poder invisible evidenciaba una de las debilidades —o fracasos— del orden democrático: “Una de las razones de la superioridad de la democracia frente a los estados absolutos que habían revalorizado los arcana imperii y defendían con argumentos históricos y políticos la necesidad de que las grandes decisiones políticas fueran tomadas en los gabinetes secretos, lejos de las miradas indiscretas de la gente, fue la convicción de que el gobierno democrático podría finalmente dar vida a la transparencia del poder, al ‘poder sin máscara’”.[3]

          Poder sin máscara, regímenes sin arcanos, acaso con reservas sobre ciertas materias estratégicas —no todo se puede saber ni todos pueden saberlo—, transparencia y acceso a la información gubernamental como garantía de legalidad y, al tiempo, una herramienta de control de los gobernados sobre los gobernantes, de rendición de cuentas de éstos frente a aquéllos, incluso de eficacia burocrática.

Traigo a la mesa a un autor identificado con la desconfianza. Pierre Rosanvallon —profesor del Collège de France y destacado estudioso del Estado contemporáneo— quien propone dos grandes dimensiones para el registro de las “experiencias democráticas” contemporáneas: “el funcionamiento y los problemas de las instituciones electorales representativas, por un lado, y la constitución de un universo de la desconfianza, por el otro”.[4]Ese universo de la desconfianza, el menos explorado a decir del autor, se organiza y expresa de diversas formas, tres predominan: “los poderes de control (survellaince), las formas de obstrucción, la puesta a prueba a través de un juicio. A la sombra de la democracia electoral-representativa, estos tres contrapoderes dibujan los contornos de lo que propongo llamar una contrademocracia. Esta contrademocracia no es lo contrario a la democracia; es más bien una forma de democracia que se contrapone a la otra, es la democracia de los poderes diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral. Esta contrademocracia conforma de este modo un sistema con las instituciones democráticas legales”.[5]

          Territorio de las resistencias y las suspicacias ciudadanas, es en la dimensión de la desconfianza de donde emergen no sólo prácticas sino instituciones y ordenamientos que, más que complementar, ponen a prueba la consistencia de esa otra cara de la democracia: la electoral representativa.

          Dos dimensiones de las democracias contemporáneas que abonan un escenario complejo, incluso contradictorio, en el que “los ciudadanos ya no buscan conquistar el poder para ejercerlo. Su objetivo implícito es más bien encorsetarlo y disminuirlo, deplorando al mismo tiempo las consecuencias finales de esas prácticas que valoran cotidianamente. El ideal ya no consiste tanto en la apropiación del poder como en la constitución de este último en un objeto cuya transparencia se supone que permite un perfecto control”.[6]

          La historia reciente del país confirma lo dicho en los textos de política en esta materia: la transparencia y el acceso ciudadano a la información pública son consustanciales a la edificación de un régimen democrático.

No es fortuito, en ese sentido, que haya sido en 1977 cuando se incorporó, vagamente, en el Artículo 6° del texto constitucional, que “el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

          De forma escueta e imprecisa, como de ornato —acaso para lo que estaba hecho: para exhibirse pero no usarse— pero el derecho a la información quedó plasmado en la Constitución General como parte de ese proceso gradual de liberalización del régimen, iniciado precisamente con la Reforma política de 1977.

          Sin definiciones ni ley secundaria que reglamentara su aplicación, el derecho a la información esperó 25 años para dejar de ser letra muerta: en la última sesión del periodo de sesiones ordinarias de 2002, fue aprobada por el Senado de la República la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (lftaipg), que no entraría en vigor sino hasta el 12 de junio de 2003.

          Treinta años (de 1977, cuando se introdujo este derecho en la Constitución, al 2007, cuando se amplió su definición y dio contenido y alcance), y no sin resistencias, nos tomó construir el andamiaje jurídico-institucional para “garantizar” —relativamente— el ejercicio de una prerrogativa ciudadana más bien elemental en cualquier régimen democrático.

Nunca será suficiente insistir en la centralidad de la información, en el acceso a la información, y su importancia en la calidad de la democracia. Su trascendencia en la toma de las grandes decisiones ciudadanas.

Acaso por ello, el politólogo Adam Przeworski no duda en sostener que “la mayor dificultad tanto para informarle al gobierno lo que queremos que haga como para juzgar su desempeño, consiste en que los ciudadanos simplemente no sabemos lo suficiente. […] y no es cuestión solamente de voluntad sino de estructura. Los ciudadanos pueden ser más o menos educados, los medios de comunicación pueden ser más o menos agresivos para escarbar en busca de información, los electores pueden estar más o menos atentos. Pero la cuestión de la información cala más hondo. […] Nuestra información no puede depender de lo que los gobiernos quieran divulgarnos”.[7]

Materia primade la democracia, el acceso a la información pública permite el escrutinio sobre el quehacer gubernamental, posibilita la rendición de cuentas, al tiempo que legitima las acciones del gobierno.

          México debe tender hacia la ampliación de las nociones de transparencia y acceso a la información, hacia la elaboración de políticas públicas y prácticas gubernamentales más que reactivas, que no se constriñan sólo a responder peticiones sino que conviertan la lógica de la transparencia y rendición de cuentas en criterios y procedimientos burocráticos de obligatorio cumplimiento.

          Compartimos con el Instituto Federal de Acceso a la Información la preocupación por ciertas resistencias a cumplir a cabalidad las peticiones de acceso a la información por parte de algunas dependencias del gobierno federal, pero no sólo por parte de la Administración federal sino en algunas entidades.

No es un asunto menor porque no se trata de un problema que se pueda resolver con reformas y reglamentos sino que, en el fondo, evidencia quizás un asunto más grave: el déficit de una cultura de la transparencia.

Después de la batalla

Gane quien gane, a partir de 2012 este país necesita retomar el camino de la consolidación democrática.

Que nadie se engañe ni pretenda vender ilusiones: gane quien gane la Presidencia de la República y obtenga el mayor número de escaños en el Congreso de la Unión, estará obligado a gobernar a partir de un gran acuerdo nacional; grande por su convocatoria, por su amplitud de miras y por su profundidad en el tratamiento de los temas.

Todos los partidos estamos convocados a construir un amplio consenso nacional que le dé viabilidad al país, que lo saque del crecimiento económico mediocre en que ha estado sumidos durante las últimas dos décadas, que le imprima dinamismo al mercado interno, que genere empleos; que concrete por fin una reforma política que introduzca los incentivos suficientes para alentar la negociación, el acuerdo y las reformas, que dote al sistema político de herramientas e instrumentos que contribuyan a darle eficacia gubernativa, capacidad para generar reformas y traducirlas en políticas públicas, para ponerlas en marcha.

Un consenso nacional amplio y que deberá incluir sendos capítulos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

          En mi opinión, lo primero es generar las condiciones políticas que le den viabilidad a ese acuerdo. Y en esa dirección habrá que insistir en el sentido de urgencia que reclama el momento crítico por el que atraviesa el país. Hasta hoy, el cortoplacismo ha imposibilitado la construcción de ese gran acuerdo que reclama la sociedad mexicana. Acuerdo que no implica diluir o sacrificar la pluralidad de visiones, diagnósticos y propuestas de futuro en una sociedad democrática, sino identificar las prioridades en el momento actual y definir con mayor claridad el perfil de México para la segunda década del siglo xxi.

Partidos, candidatos, electores, autoridades e instituciones debemos convertir las campañas más que en esgrima de ideas fuerza, un festival de marketing, en una plataforma de discusión que nos permita delinear un proyecto viable para México. Partidos y candidatos debemos comprometernos, desde ahora, en elevar el nivel del debate político durante el proceso electoral, debemos comprometernos con el debate de las ideas y las propuestas.

En ese proceso que espero sea de intensos debates, Nueva Alianza no será un testigo, será un generador de ideas y propuestas y un promotor de acuerdos y de transformaciones.

En segundo término, y en relación con la agenda de propuestas en la materia que nos convoca, me parecen oportuna una visión más amplia del Derecho al Acceso de la Información, la transparencia y de rendición de cuentas. Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), propone, en esa dirección, un concepto ampliado de una política de transparencia que me parece podríamos revisar:

a) La política de transparencia no se limita a cumplir las normas mínimas que regulan el acceso de la información pública, sino que comprenden la forma en que se produce, se distribuye y se utiliza la información dentro de la propia organización, entendida como un recurso estratégico para el cumplimiento de sus fines;

b) La política de transparencia asume que el carácter público de la información debe servir para perfeccionar los procesos y las decisiones internas y, en consecuencia, para incrementar la utilidad social de la función que desarrollan las organizaciones que componen el sector público;

c) La política de transparencia se propone construir procesos de decisión y acción que forman parte del espacio público y, en consecuencia, no son excluyentes, asignan responsabilidades con claridad, pueden verificarse y deben conocerse públicamente.[8]

Criterios que, entre otros, debiéramos debatir para dar entrada a la siguiente generación de derechos en acceso a la información y transparencia.

          En tercer lugar, habría que apostar como nunca antes por la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información. De poco sirve un derecho consagrado en la Constitución y legislación secundaria si los ciudadanos no saben cómo aprovecharlo o, peor aún, si desconocen su existencia o carecen de instrumentos para echar mano de ella. Si bien es cierto que el Instituto Federal de Acceso a la Información promueve y difunde con los medios a su alcance el ejercicio del derecho de acceso a la información, habría que hacer un esfuerzo mayúsculo todos los actores involucrados, incluso considerar quizás el ejemplo de la ley estatal de Sinaloa que dedica un capítulo a la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información.

La transparencia es un ejercicio que pasa por la creación de una cultura ciudadana de la información. Sin embargo, las pulsiones autoritarias y el descrédito actual de la política nos enfrentan a un vacío cívico. Impulsar una cultura de la información y la transparencia, socializar la ley de acceso es un reto enorme, para las autoridades y los ciudadanos. Habrá que dar pasos decididos en esa dirección.

Y no sólo entre los ciudadanos, habría que insistir sobre todo entre la burocracia —de todos los niveles—, entre todos aquellos que se dedican o aspiran a desempeñar una función pública que tan importante es la honestidad y la eficacia en su quehacer como la transparencia, que todo va en el mismo paquete. Habrá que cambiar el chip respecto de la eficacia: no se puede ser un funcionario eficaz si no se actúa con transparencia. La eficacia no se da a la sombra, ni en lo oscurito. Un servicio público probo y eficiente es un ejercicio público transparente, abierto al escrutinio.

          En cuarto lugar, compartimos la preocupación expresada por la Red para la Rendición de Cuentas, al cabo del Seminario Internacional “Hacia una política de rendición de cuentas en México”, y suscribimos la intención de promover una Ley General de Rendición de Cuentas.

En quinto lugar, y en términos muy puntuales, no hay que temer abordar un aspecto que constituye un dilema para su discusión y debate, que es el que se refiere a la forma en que la reglamentación federal y el IFAI pueden ser fortalecidos. Las vías que están a la vista son, por un lado, fortalecer las capacidades institucionales del IFAI, otorgándole “dientes” para imponer sus resoluciones y sancionar incumplimientos. En el límite de esta vertiente se encuentra la posibilidad de otorgar al instituto autonomía constitucional plena para sacarlo del ámbito de los poderes constituidos y convertirlo en una especie de contrapeso de éstos en materia de transparencia. Por otro lado, está la posibilidad de complementar el actual diseño institucional con un órgano revisor, (revisión que puede ser jurisdiccional o administrativa), tanto de las resoluciones del instituto como del cumplimiento de parte de los entes públicos obligados.

Cómo sexto y último punto que ponemos en la mesa está en la necesidad de avanzar hacia un sistema de transparencia federal, en el que los institutos locales se vean fortalecidos atendiendo a sus dinámicas locales y regionales, pero sin demérito del propósito final que es la contribución del derecho a la información a la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos.

Más que de declaraciones y spots,la transparencia en el ejercicio del poder depende, sobre todo, de la publicidad —por decir, el carácter público— de los actos del gobierno. De todos los actos y no sólo de aquellos que dan votos, que aumentan el rating.

Sin información ni transparencia, la democracia no es sino demagogia. Uno de los rasgos distintivos de los regímenes autoritarios es el carácter secreto, furtivo, semi-clandestino de muchas de sus decisiones. Lo sabremos nosotros que, durante décadas, padecimos la omnipotencia absoluta del Ejecutivo, que implicaba que los otros poderes (el Legislativo y el Judicial) no cumplieran su papel de contrapeso, que no hubiera disposiciones legales que los obligaran a transparentar el quehacer público, que los medios (sometidos a sistemas de control muy eficaces) difícilmente pudieran investigar y publicar los resultados de sus investigaciones (siempre hubo excepciones, pero los medios que se atrevieron pagaron con frecuencia los costos).

          El acceso público a la información gubernamental no fue una concesión gentil del ogro filantrópico. Es un derecho que asiste a todos los ciudadanos y una obligación de parte de quienes ejercen una función pública.

          Para Nueva Alianza transparencia y derecho de acceso a la información no son sino nuevos nombres de la democracia, sustantivos de la democracia.

          En público, a cielo abierto, de manera franca y transparente, como se estila en los regímenes democráticos, hoy Nueva Alianza refrenda su compromiso con la agenda de la transparencia y el acceso a la información, con esta serie de propuestas que no sólo buscan robustecer el catálogo de derechos en la materia sino que hacer de la democracia mexicana un edificio más fuerte, mejor ventilado y más habitable.

Muchas gracias.